“Colombia sigue siendo un país difícil para ser negro”

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Este año, la Fiscalía ha recibido más de cien denuncias por actos discriminatorios

En septiembre de 1954 Gabriel García Márquez escribía sobre el Chocó, en el pacífico colombiano. Describía sus polvorientas casas de madera y techos de zinc. Hablaba de sus retorcidas calles empedradas, hacía una radiografía de un pueblo que se manifestaba pacíficamente para reclamar atención estatal. Han pasado 63 años y el retrato es el mismo. Chocó es la región más pobre de Colombia y sus necesidades siguen siendo básicas. “Las zonas con población negra tienen las peores condiciones de vida. ¿Estamos condenados a la pobreza y el abandono solo por el color de nuestra piel?”, reflexiona Juan Carabalí, politólogo y una de las voces de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA).

Carabalí dice que basta con mirar el mapa del país para darse cuenta de la exclusión. Los diez municipios más pobres están poblados mayoritariamente por negros. Hay lugares como Río Quito (Chocó) donde la miseria alcanza el 98%. “Las condiciones de vida son pésimas y la participación en política escasa”, dice. Según el último censo oficial (2005), la población negra alcanza el 10,6% (más de cuatro millones de personas), pero su visibilidad en cargos públicos apenas alcanza el 1%. Solo dos ministros en Colombia han sido negros. Paula Moreno en el despacho de cultura de 2007 a 2010 y Luis Alberto Murillo, el actual ministro de ambiente. Dos nombramientos empujados por las organizaciones negras del país con el apoyo de la bancada de congresistas afro de Estados Unidos, que en los últimos años, de forma discreta, ha ayudado a impulsar la inclusión de algunos temas étnicos en Colombia. “Gracias a la articulación que hemos tenido con ellos se han dado avances, pero no ha sido suficiente. Colombia sigue siendo un país difícil para ser negro”. Menciona la Ley Antidiscriminación que establece sanciones penales y multas para quienes promuevan cualquier claro de segregación (por raza, nacionalidad, orientación sexual, religión), pero asegura que se trata de una medida poco efectiva si lo que se quiere es reconocer a la población negra.

En la última semana, Vanessa Mendoza, aspirante a ocupar un lugar en el Congreso, denunció racismo. Aseguró que es víctima de discriminación porque a pesar de que existe una orden del ente electoral para que se posesione, desde el parlamento se lo han negado. Ella asegura que la situación es una muestra de exclusión.

A la Fiscalía han llegado en menos de dos años 460 denuncias por actos discriminatorios. No se sabe cuántas correspondían a racismo y en cuántos casos ha habido condena. El Consejo Superior de la Judicatura, la instancia que debería tener la cifra, asegura que no hay un registro. Solo se ha conocido una sentencia contra un Concejal que llamó a las negritudes “el cáncer del gobierno nacional y mundial”. Aunque estuvo a punto de pagar penalmente por lo que dijo, un tribunal lo absolvió bajo el argumento de que sus palabras habían sido sacadas de contexto. La justicia se queda muchas veces en el papel.

“Vemos con escándalo lo que está pasando en Estados Unidos con el racismo, pero no nos miramos a nosotros mismos. En Colombia pocas veces te insultan en la cara, pero la cotidianidad de alguien negro en este país es dura”, asegura Carabalí. Cuenta que le han negado la entrada a un bar por su coloro de piel y confiesa que jamás ve un partido de fútbol en un lugar público. “En todos los insultos a los jugadores incluyen la palabra ‘negro’. Sufrimos racismo estructural, que se naturaliza en la cotidianidad”, dice.

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